SEGUNDA JUNTA REVOLUCIONARIASegunda Junta Revolucionaria de Gobierno

A los pocos días, se conformo una nueva Junta de Gobierno en base a un acuerdo entre el Partido Demócrata Cristiano y la Fuerza Armada. Dicho acuerdo expresó la voluntad de ambas partes de realizar una reforma agraria y la nacionalización (control por parte del estado) de la banca y del comercio exterior. Dentro del PDC, aunque buena parte de los progresistas habían abandonado el gobierno, otros permanecían en sus puestos (como el procurador Mario Zamora), y eran la mayoría dentro de la Comisión Política. Así, el 9 de enero de 1980, se anuncia la nueva conformación de la Junta Revolucionaria de Gobierno, conocida como Segunda Junta.

Además de Gutiérrez y Majano, fueron incluidos José Antonio Morales Erlich, del sector tradicional del PDC; Héctor Dada Hirezi, del progresista, quien había ocupado la cartera de Relaciones Exteriores en la Primera Junta, y José Ramón Ávalos Navarrete, un médico desconocido hasta entonces en el ámbito político, que se presentaba como figura independiente. El 9 de enero de 1980 se conformó la segunda Junta Revolucionaria de Gobierno, con la participación de los dos militares que formaban parte de la anterior, Adolfo Arnoldo Majano y Jaime Abdul Gutiérrez junto con los dirigentes políticos Héctor Dada Hirezi y José Antonio Morales Ehrlich (ambos miembros de la Democracia Cristiana) y el médico José Ramón Avalos.

La Segunda Junta duró apenas dos meses. El 9 de marzo renunció Dada Hirezi, y en su lugar entró la figura clave del PDC: su líder histórico, José Napoleón Duarte. Los demás miembros de la JRG permanecieron en sus lugares, pero hubo un indudable cambio de rumbo y un importante reacomodo en la correlación de fuerzas políticas. El 22 de enero, los grupos de izquierda crearon la Coordinadora Revolucionaria de Masas, en un primer esfuerzo de unificación. La ultraderecha comenzó a acusar al nuevo gobierno de complacencia hacia las fuerzas de izquierda; el 24 de febrero, un escuadrón de la muerte asesinó al procurador general de la república, Mario Zamora Rivas, miembro destacado del PDC.

El 6 de marzo de 1980, la JRG, aprobó las esperadas leyes de reforma agraria y de nacionalización de la banca. El 10 de marzo, Héctor Dada, renunció a su cargo dentro de la JRG, incorporándose en su lugar, el líder del PDC, José Napoleón Duarte. El día 24 de ese mismo mes, un escuadrón de la muerte, asesinó a Monseñor Oscar Romero, luego de que éste hiciera un llamado a los soldados de la Fuerza Armada a detener la represión contra los campesinos. El asesinato de Monseñor Romero conmovió al país.

El 17 de abril, la Coordinadora Revolucionaria de Masas se unió a otras organizaciones políticas de izquierda para constituir el Frente Democrático Revolucionario (FDR). En agosto de 1980, hubo una convocatoria a huelga general que fue reprimida por el ejército. En septiembre de 1980, el Coronel Arnoldo Majano, representante de los militares progresistas, renunció a su cargo.

Efectivamente en marzo de 1980, se decretó la reforma agraria anhelo de muchos campesinos sin tierra de dirigentes del centro y de la izquierda política. Según el decreto de reforma agraria, toda propiedad individual mayor de 500 hectareas sería expropiada y entregada a cooperativas, mientras que aquellos campesinos que alquilaban tierras tendrían la opción de comprarlas por plazos.

Sin embargo, esta medida se dio precisamente cuando la situación en algunas partes del país era ya de conflicto abierto: difícilmente se podría impulsar una reforma agraria eficaz cuando soldados y guerrilleros ya estaban enfrentandose en diversas zonas rurales del país.

En todo caso, la reforma agraria afecto aproximadamente a un 16% de las tierras agrícolas del país, sobre todo en las zonas central y oriente.

La nacionalización de la banca y del comercio exterior, realizada en el mismo mes de marzo de 1980, se entendió como una medida complementaria a la de la reforma agraria.

Al pasar los bancos a manos del estado, este estarian en condiciones de canalizar los prestamos a las cooperativas y los propietarios que se estaban creando en las zonas rurales bajo la reforma agraria.

Asimismo el control estatal del comercio exterior de los principales productos de exportación suponía que el estado captaba las ganancias que antes terminaban en manos de los dueños de las empresas exportadoras de café, algodón y azucar. Por supuesto estas medidas fueron rechasadas en su totalidad por el sectro privado, que vio venirse una serie de medidas "socializantes" a la vez que arreciaba el conflicto militar.

Dentro de la misma fuerza armada se dieron desacuerdos sobre el rumbo que debería tomar el gobierno de la junta: si avanzar con la reforma agraria, impulsando a la llamada "Fase Dos" (que expropiaria eventualmente toda la propiedad mayor de 150 hectareas), o incrementar el esfuerzo militar para controlar a los grupos guerrilleros.

Ambas alternativas buscaban el mismo objetivo: imponerse a la guerrilla izquierdista quitandole "banderas" (es decir ofreciendole al pueblo cosas parecidas a las que ofrecia la misma izquierda) o derrotandola en el campo estrictamente militar. Con el tiempo, prevalecio la opción por la solución militar y las reformas importantes no pasaron de las que decreto la Junta en marzo de 1980.